Este trabajo analiza el Procedimiento Abreviado del Sistema Penal Paraguayo. Tal abordaje se hace necesario debido a que el mismo es un procedimiento especial, mediante el cual se concede a las partes para variar el curso del procedimiento ordinario y tomar acuerdos sobre los hechos y la pena a imponer, para resolver la causa prescindiendo de la etapa del juicio oral y público, normalmente en este proceso se evidencia una fuerte tensión, donde choca la eficiencia y garantía. El objetivo de este trabajo es determinar los criterios a tener en cuenta para la aplicación del Procedimiento Abreviado en el Sistema Penal Paraguayo. Este propósito fue conseguido a partir de la investigación exploratoria-descriptiva por medio de estudios de casos de corte transversal en la Circunscripción Judicial de Misiones. La investigación demostró que los jueces penales de garantías pueden resolver lo que las partes peticionen siempre que corresponda a derecho sin existir para el a-quo ningún requerimiento fiscal vinculante, en atención a la igualdad procesal que las partes tienen en un proceso ante el órgano jurisdiccional para ser escuchados y analizados sus peticiones realizadas.

La presente investigación arrojó que los jueces penales de garantías pueden resolver lo que las partes peticionen siempre que corresponda a derecho sin existir para el juez ningún requerimiento fiscal vinculante, en atención a la igualdad procesal que las partes tienen en un proceso ante el órgano jurisdiccional.
La Corte Suprema de Justicia sentó postura de que el Ministerio Público tiene el monopolio de decidir el resultado final de una etapa procesal, que es inconstitucional, porque violenta el principio de igualdad procesal de las partes de peticionar ante el órgano jurisdiccional igual que el principio de presunción de inocencia que se afecta mediante el procedimiento abreviado, es por ello que en la audiencia preliminar todas las partes tienen los mismos derechos de petición, con más razón en la etapa intermedia; donde se manifiestan los alcances del acuerdo o conformidad del acusado en relación al objeto y su naturaleza jurídica, negar esta atribución es negar la independencia del juez penal de garantías de poder administrar justicia en forma independiente y sin condicionamiento de la sana crítica.
Si bien es cierto, la acusación fiscal tiene que pasar por el filtro del Juzgado de garantías, momento procesal oportuno de analizar los méritos de la acusación fiscal y estudiar si la misma se encuentra bien fundamentada para ser debatida en un juicio oral y
público o si, por el contrario, a pesar de estar bien fundada, corresponde aplicar según el caso algún medio de solución alternativo al conflicto, como ser procedimiento abreviado.

Mongelos Cuenca, J. S. (2012). La fundamentación de la sentencia penal en el procedimiento abreviado, en el juicio oral y público y en la acción penal privada. Asunción: Universidad Columbia del Paraguay. Obtenido de http://beta2.columbia.edu.py/administrador/tiny_mce/plugins/jfilebrowser/archivos/20140825160908_0.pdf
Poder Legislativo. (03 de Septiembre de 2012). Biblioteca y archivo Central del Congreso de la Nación Paraguaya. Obtenido de http://www.bacn.gov.py/leyes-paraguayas/203/ley-n-1286-codigo-procesal-penal
Paraguay. Corte Suprema de Justicia. Código procesal de la República del Paraguay. Ley 1160/97.